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martes, 17 de abril de 2018

La Comisión da el primer paso para prohibir las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria a escala europea.

La Comisión aborda por primera vez las prácticas comerciales desleales para garantizar que los agricultores y las pequeñas y medianas empresas no sufren un trato abusivo por parte de las grandes empresas del sector agroalimentario.

Los agricultores, ganaderos, cooperativas y pequeños operadores son el eslabón más débil de la cadena alimentaria, siendo especialmente vulnerables a las prácticas comerciales desleales empleadas por los grandes operadores y la gran distribución, ya que no tienen poder de negociación ni formas alternativas para hacer llegar sus productos a los consumidores.
Después de muchos años de demandas de una regulación de ámbito europeo por un lado y de resistencias en contra por otro, el pasado 12 de abril la CE presentó ante el Parlamento Europeo su propuesta para prohibir las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria.
Según la propuesta, solo se incluyen las relaciones comerciales en las que una de las partes tenga la consideración de PYME. Las prácticas comerciales desleales que pasan a prohibirse de manera específica incluyen los plazos de pago superiores a 30 días para productos perecederos, con algunas excepciones, las cancelaciones de contratos y pedidos de última hora, las modificaciones unilaterales o retroactivas de los contratos y la carga al proveedor de los gastos derivados de la pérdida de parte del producto por su deterioro, sin que éste sea atribuible al suministrador del mismo. Otras prácticas, como la devolución del producto no vendido o el cobro de costes de almacenamiento, emplazamiento o promoción del producto al proveedor, solamente se permitirán si están sujetas a un acuerdo previo claro y sin ambigüedades entre las partes.
Para el control efectivo de estas prácticas, la propuesta obliga a los Estados Miembros a establecer una autoridad pública que vele por el cumplimiento de la normativa, pudiendo imponer sanciones en los casos en que se establezca que se ha producido una infracción.
El impacto de esta medida en Andalucía será en parte limitado, puesto que la normativa regional que está en desarrollo es mucho más ambiciosa en cuanto a las prácticas a prohibir o vigilar y ya se cuenta además con una normativa nacional. Sin embargo, teniendo en cuenta que casi el 80% de las exportaciones agroalimentarias andaluzas tiene como destino países de la UE, la Directiva supone un avance importante en la protección de productores y PYMEs andaluces en otros países.

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