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martes, 27 de febrero de 2018

Estrasburgo pide a España un órgano contra el racismo


España es casi el único miembro del Consejo de Europa que carece de un organismo independiente para combatir el racismo. Esta institución, que aglutina a 47 Estados europeos, reclama al Gobierno español que establezca esa figura "con carácter urgente". La advertencia figura en un informe que evalúa los esfuerzos contra la discriminación en España. La falta de medidas para integrar a los migrantes y la segregación de los niños gitanos se suman a la lista de deficiencias.

 El discurso del odio prende menos en España que en otros países europeos, pero los esfuerzos públicos para mitigarlo resultan insuficientes. El Gobierno central creó en 2009 el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica con el objetivo de vigilar los comportamientos racistas. Pero ni ese órgano fue nunca independiente -se encuadra en el Ministerio de Sanidad- ni ha tenido recorrido en los últimos años. El Consejo de Europa lamenta que ese foro "haya quedado prácticamente sin actividad" y que carezca de liderazgo (su presidente dimitió en 2014).

Aparte de España, solo el microestado de San Marino funciona sin una figura independiente contra la discriminación, apuntan fuentes del Consejo de Europa. Además, los recortes presupuestarios han debilitado las medidas en este ámbito, también congeladas en 2014. Desde ese año no existe ninguna estrategia de integración de los extranjeros en España, critica el documento, elaborado por la CE contra el Racismo y la Intolerancia de la institución europea con sede en Estrasburgo. 
Otra recomendación considerada prioritaria es la escolarización de los niños gitanos. Aunque la CE cita en ocasiones a España como ejemplo de integración en este terreno, el informe del Consejo de Europa -institución ajena a la UE- reprocha que el reasentamiento de gitanos en determinadas zonas acentúa los riesgos de crear guetos y de segregar a los niños. Solo el 45% finalizan la enseñanza obligatoria, según los datos de este trabajo.

La situación no es mucho mejor en otros colectivos vulnerables, como el conjunto de extranjeros no provenientes de la UE. El 44% de los niños dejan la escuela a una edad temprana. "Se necesita una inversión sustancial en educación para asegurar que los niños gitanos, pero también los procedentes de fuera de la UE, terminen al menos la educación obligatoria. España debería evitar que aparezca una nueva generación con una minoría infantil excluida".
El informe, muy crítico respecto a la actuación de los poderes públicos, habla del perjuicio que creó la reforma sanitaria de 2012 en la situación de los migrantes. Sus autores recomiendan "realizar ajustes a la mayor brevedad" para que todos accedan al sistema público, no solo a los servicios de emergencias como estableció -con excepciones- ese cambio legal aplicado a los sin papeles. Las ONG han documentado "miles de casos", según esta evaluación, en los que se denegó a los extranjeros la cobertura de salud pública.
Los medios de comunicación tampoco escapan a las críticas: "Su tendencia al sensacionalismo y al alarmismo en lo que respecta a la migración conduce a que se conceda una importancia injustificada a la nacionalidad de los migrantes sospechosos de realizar actividades delictivas y a una asociación general de migración y delincuencia".

El informe evalúa por primera vez las medidas antidiscriminación respecto a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Los expertos del Consejo de Europa valoran "la apertura hacia ese colectivo en España", pero recomiendan que los incidentes se registren y se persigan correctamente.

Internet -y las redes sociales en particular- constituyen uno de los focos donde más fácilmente se propagan los mensajes de odio y discriminación. El Consejo de Europa recomienda a España que emplee "sus poderes reguladores" para implicar a los proveedores de Internet y a los gigantes de redes sociales en esta materia. El documento exige a las autoridades que endurezcan la legislación civil y administrativa contra el odio en las redes.
Desde 2015, España penaliza los actos racistas y xenófobos cometidos por medios informáticos. Los casos de incitación al odio en Internet tratados por la fiscalía pasaron de ser 40 en 2015 a 99 en 2016.

El informe considera que solo una mínima parte de los casos llega a los tribunales.

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