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lunes, 18 de septiembre de 2017

Más de 30 países del Acuerdo de París contra el cambio climático se reúnen en Montreal


Representantes de más de 30 países firmante del Acuerdo de París contra el cambio climático de 2015 se han reunido en Montreal en la primera cita de alto nivel sobre esta cuestión desde que Estados Unidos anunciara el mes pasado su decisión de retirarse del pacto. El representante de China para el cambio climático, Xie Zhenhua, ha defendido en la cita que el mundo debe seguir adelante con los compromisos de París. «El Acuerdo de París no debe ser renegociado», ha advertido.

La cita ha sido organizada por Canadá, China y la UE para abrir un diálogo entre los países más industrializados y los países en vías de desarrollo y para «mejorar el impulso global» para aplicar el Acuerdo de París, ha destacado el comisario de Energía y Clima de la UE, Miguel Arias Cañete.

La delegación estadounidense está encabezada por el representante comercial adjunto para las Américas de Estados Unidos, E. Eissenstat, quien no ha querido hacer declaraciones. El proceso de salida de Estados Unidos podría durar tres años, durante los cuales Washington seguirá asistiendo a las reuniones y se muestra abierto a renegociar el pacto.

La ministra de Medio Ambiente canadiense, C. McKenna, ha calificado como «positiva» la presencia de una delegación norteamericana en Montreal. «Seguimos hablando con ellos. Como Estados Unidos, nosotros también queremos crear empleo, crear crecimiento económico», ha añadido. Así, ha señalado que las iniciativas contra el cambio climático podrían crear actividad económica por 30 billones de dólares.

La reunión de Montreal es preparatoria para la prevista para el mes próximo en Bonn, Alemania, y se produce tras los graves daños provocados en las últimas semanas por tres huracanes en el Atlántico alimentados según los expertos por la subida de la temperatura de los océanos. El Acuerdo de París incluye a casi 200 países que se comprometen a limitar el calentamiento global a 2 grados o menos con la reducción de las emisiones de gases como el dióxido de carbono.

viernes, 15 de septiembre de 2017

El 36% de los universitarios trabaja en puestos de baja cualificación


España es país de contrastes. Por un lado, es una de las regiones de la Unión Europea con mayor número de graduados universitarios, pero por otro es también una de las zonas en las que un alto porcentaje de la población adulta no ha pasado de los estudios obligatorios.
En el año 2016, según Eurostat, el 35,7% de la población adulta española de entre 25 y 64 años, tenía bajo el brazo una titulación universitaria, una cifra que situaba al país cinco puntos por encima de la media de la UE. Por contra, España volvía a destacar por ser uno de los tres países de la unión (junto a Portugal y Malta) con una mayor proporción de población que únicamente contaba con estudios obligatorios, con una tasa del 41,7%, muy por encima de la media de la unión, que se sitúa en el 23%. En medio de estos dos extremos se situó, con un 22,6%, la franja correspondiente a los títulos secundarios tales como el bachillerato o los ciclos formativos de grado medio, con una cifra muy inferior al 46,3% de la media europea. En conclusión: muchos universitarios, muchos profesionales sin más formación que la obligatoria y muy pocos perfiles equipados con un título secundario. Es la radiografía española que se extrae del último Informe de la Fundación CYD sobre La contribución de las universidades españolas al desarrollo, hecho público hoy.
 Las cifras parecen estar respaldadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que hizo público también ayer el informe sobre el Panorama de la Educación 2017, en el que puso de manifiesto que uno de cada tres jóvenes españoles de entre 25 y 34 años no se sacó el título de Bachillerato durante el último curso, el doble que la media de la citada organización (16%), situando a España (33%) solo por detrás de Turquía (45%) y México (53%). Todos estos datos, como no podía ser de otra forma, tienen sus consecuencias en el mercado laboral español, que echa en falta una mayor fortaleza en las enseñanzas secundarias.

Si bien el mercado ha experimentado un comportamiento positivo en los tres últimos años, "se percibe un desajuste entre el nivel formativo de los graduados y el requerido por los puestos de trabajo. En 2016, el 36,8% de los graduados que estaban trabajando lo hicieron en puestos de baja cualificación, frente al 23% de la UE", explicó el coordinador del estudio de CYD, Martí Parellada. Esta cifra ha crecido en siete décimas respecto a 2015 y algo más de cuatro puntos porcentuales si se toma como referencia el año 2010, por lo que se consolida como tendencia negativa. En algunas regiones de España, de hecho, las cifras son realmente escandalosas. En Castilla y León, Aragón y Canarias, los contratos realizados con graduados universitarios para desempeñar tareas de baja cualificación supusieron el 47%, 44% y 40% de los casos respectivamente. Según el citado informe, además, España es el país de Europa en el que mayor número de contratos marcados por la sobrecualificación de los profesionales se firman, por delante de Chipre (36,7%), Irlanda (32,2%) y Grecia (32%)

No obstante, prosiguió Parellada, también hay algunos datos que permiten pensar que España ha pasado un punto de inflexión y comienza a acercarse a los años previos a la crisis económica. "En 2015, y por primera vez en la década actual, los presupuestos liquidados por las universidades públicas muestran un crecimiento positivo tanto de los ingresos como de los gastos; el personal docente e investigador alcanzó en el curso 2015-2016 las 118.094 personas, un aumento del 2,4% respecto al año anterior; y el volumen de publicaciones aumentó en más de un 25% si se compara la producción científica de 2015 con la de 2010", recalcó el experto.

No son los únicos puntos que avanzan. Otros siguen cosechando buenos resultados aunque necesiten seguir caminando: "El número de alumnos y profesores extranjeros sigue en aumento, aunque sigue siendo bajo; mantenemos una amplia y sólida base investigadora, pero la calidad y la excelencia es mejorable", ilustró Ana Botín, presidenta de la Fundación CYD

jueves, 14 de septiembre de 2017

¿Qué países de la UE pueden sumarse a la zona euro?


En su tercer discurso del Estado de la Unión como presidente de la CE,  Juncker ha apostado por facilitar el acceso a la zona euro a todos los estados que aún no han sido admitidos: «Todos los países que quieran entrar al euro deben poder hacerlo». A día de hoy, son 19 países de la UE los que tienen el euro como moneda oficial, siendo utilizado por más de 330 millones de personas. Según Juncker, la UE debe afrontar una serie de reformas para acabar con las desigualdades entre los estados miembros y desechar la idea de una Europa de dos velocidades. «Si queremos un continente en el que el euro una en vez de dividir, entonces debe ser algo más que una moneda para un selecto grupo de países», recordando que los tratados prevén que todos los socios de la UE adopten la moneda común.

Juncker ha puesto fecha a sus ambiciones: el 30 de marzo de 2019, un día después de que se consume la salida de Reino Unido de la UE, se celebrará una cumbre europea en la ciudad rumana de Sibiu en la que los jefes de Estado deberán pronunciarse sobre el sentido que debe tomar la Unión. Según el presidente de la CE, para 2025 ya podría entrar en vigor lo que allí se decida.

Y se ha comprometido a ayudar con dinero y la puesta en marcha de un instrumento de adhesión al euro que aporte ayuda técnica y financiera a los países que deseen adoptar la moneda común.

Son siete los estados miembros de la UE que podrían beneficiarse de este giro en la política monetaria: Bulgaria, Croacia, República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía y Suecia. Un capítulo aparte son Dinamarca y Reino Unido, que decidieron desde un principio quedar al margen de la moneda comunitaria.

Hasta la fecha, son cinco los criterios que se siguen para admitir a un país en el euro, todos ellos pactados en el Tratado de Maastricht de 1992. Entre ellos, se cuenta que la inflación no debe superar en más de 1,5 puntos, que el déficit público del país no  supere el 3% del PIB o que la deuda no sobrepase el 60% del PIB. Además, la legislación de dichos países debe respetar los requisitos de la Unión sobre la independencia de los bancos centrales. De momento, se desconoce cuáles de estos criterios seguirán siendo válidos si la propuesta inclusiva de Juncker cunde entre los estados de la zona euro.

martes, 12 de septiembre de 2017

El 77% de los migrantes menores de 25 años sufren abusos al cruzar el Mediterráneo


Un 77 por ciento de los migrantes menores de 25 años, que llegan al continente europeo cruzando el mar Mediterráneo, son víctimas de violaciones de derechos humanos, según el último informe conjunto publicado  por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Titulado «Jornadas de horror», el informe afirma que aunque todos los refugiados y migrantes están expuestos a grandes riesgos al huir de sus lugares de origen, este peligro aumenta considerablemente en el momento en que intentan cruzar el Mediterráneo, por la zona oriental y central, para llegar al continente europeo.

El informe recoge entrevistas realizadas por la OIM con testimonios de 22.000 migrantes y refugiados de los cuales 11.000 son niños o jóvenes menores de 25 años. Según el estudio, los menores que corren más riesgo y que están expuestos a una mayor vulnerabilidad son los que vienen de la región de África subsahariana entre los cuales hasta un 83% sufre de abusos y exacciones.

Entre los testimonios citados en el informe está el de Aimamo, un niño de 16 años que viajó sólo a Europa procedente de Gambia. Al llegar a Italia contó que hasta llegar a Libia sufrió, durante varios meses, del acoso de traficantes que lo forzaban a trabajar sin descanso y que lo amenazaban con matarlo si intentaba escapar encerrándolo por las noches para que no huyese.

«La triste realidad es que estos abusos son practicados frecuentemente contra todos los niños que atraviesan el Mediterráneo», declaró Afshan Khan, director regional y coordinador de los migrantes y refugiados para Europa. «Los líderes europeos deberían poner en marcha soluciones durables que incluyan la seguridad de las rutas de migración».

Por su parte el director regional para la UE, Noruega y Suiza, E. Ambrosi, observó que «los migrantes y refugiados abandonan sus países para escapar de la pobreza, violencia o inestabilidad y que, además, tienen que enfrentarse con jornadas peligrosas en las que pierden su dignidad, su bienestar e incluso sus vidas».

Los menores de 25 años que viajan solos o durante períodos largos, junto con los que tienen un nivel escaso de educación, son los que están más expuestos a la explotación y, a menudo, caen en manos de traficantes y criminales en el transcurso de su viaje. De acuerdo con el estudio, la ruta más peligrosa es la que pasa por Libia. En Libia no hay ley y la amenaza de las milicias y de la criminalidad ponen en peligro la vida de los más jóvenes, que atraviesan este territorio. La tarifa para cruzar desde allí hacia las costas europeas oscila entre 1000 y 5000 dólares diarios. Al no tener dinero para pagar, los migrantes o refugiados se endeudan y llegan a Europa todavía más frágiles

Google presenta un recurso contra la multa de 2.424 millones de euros por abuso de posición dominante


El gigante tecnológico Google ha presentado un recurso ante el Tribunal Genera de la UE contra la decisión de la Comisión Europea de imponerle una multa de 2.424 millones de euros por abuso de posición dominante, según indicaron fuentes de la Corte europea. El propio tribunal publicó la noticia en su cuenta de la red social Twitter.

«Google presenta un recurso contra la decisión de la CE del 27 de junio ante el Tribunal General», comunicaron en el perfil de la corte comunitaria. La sanción a Google es la mayor multa que Bruselas impuso a una compañía por abuso de posición dominante, por conceder ventajas «ilegales» a su propio servicio de comparación de compras cuando los internautas utilizan el motor de búsquedas. Esta sanción duplica a la impuesta a Intel en 2009, por los mismos motivos, que en su momento fue también récord y que fue recurrida por el grupo informático estadounidense.

La comisaria europea de Competencia, M. Vestager, afirmó al anunciar el castigo en junio que «lo que ha hecho Google es ilegal bajo las normas antimonopolio de la UE», pues negó a otras empresas la oportunidad de «competir sobre sus méritos y la innovación» y, a los consumidores europeos, una mayor oferta de servicios.

Con el anuncio de la multa, la Comisión cerró una investigación de casi siete años que abrió en noviembre de 2010 para esclarecer si Google vulneraba la libre competencia al conceder preferencias a su servicio de comparación de compras. El expediente, que el antecesor de Vestager, Joaquín Almunia, intentó cerrar con un acuerdo de compromisos, tomó un tono más duro con la llegada de la política danesa a finales de 2014.

El mismo 27 de junio, Google anunció que consideraría recurrir la decisión de Bruselas. «Revisaremos la decisión de la Comisión en detalle mientras consideramos una apelación, y esperamos continuar defendiendo nuestro caso», dijo en un breve comunicado el vicepresidente y asesor legal general de Google, Kent Walker. Walker añadió que la empresa está «respetuosamente en desacuerdo con las conclusiones anunciadas» por el Ejecutivo comunitario.

jueves, 7 de septiembre de 2017

El CEI concede 605 millones EUR para destacados investigadores de toda Europa, 22 de ellos en España

El Consejo Europeo de Investigación (CEI) ha anunciado hoy la concesión de subvenciones de inicio a 406 investigadores, 22 de ellos en instituciones españolas, en la fase inicial de su carrera en toda Europa. La financiación, de un total de 605 millones EUR y hasta 1,5 millones EUR por subvención, les permitirá crear sus propios equipos de investigación y desarrollar ideas innovadoras. La proporción de mujeres entre los nuevos beneficiarios es la mayor jamás alcanzada en una convocatoria del CEI y también hay mayor diversidad en cuanto a nacionalidades.
Los nuevos beneficiarios trabajarán en una amplia gama de temas; desde la investigación sanitaria sobre infecciones crónicas o asma a la gestión de catástrofes, la seguridad de las redes y el cambio climático. Algunas de las investigaciones financiadas en España tocarán temas tan diversos como los tumores y el cáncer, la desigualdad social o el uso del blockchain para la economía colaborativa. La investigación financiada abarca todas las disciplinas: ciencias físicas e ingeniería, ciencias de la vida y ciencias sociales y humanidades. 

Las subvenciones se conceden en el marco del pilar «ciencia excelente» de Horizonte 2020, el programa de investigación e innovación de la UE.
En esta ocasión, Carlos Moedas, comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, ha declarado: «El gran talento, para prosperar, requiere unas buenas condiciones en el momento adecuado. La UE ofrece las mejores condiciones posibles en las fases iniciales de la carrera de un investigador a través de las subvenciones de inicio del CEI. Esta es la razón por la que esta financiación es tan crucial para el futuro de Europa como plataforma científica, ya que retiene y atrae a los jóvenes con talento. En esta ocasión el CEI atrajo a investigadores de 48 nacionalidades distintas con sede en 23 países europeos. Se trata de una inversión que dará sus frutos, al impulsar el crecimiento y la innovación en la UE.»
El Presidente del CEI, el Profesor Jean-Pierre Bourguignon, ha declarado: «Me congratulo de que la convocatoria de subvenciones de inicio del CEI de 2017 haya atraído a más mujeres investigadoras que nunca. Aún mejor, cuatro de cada diez ganadores de subvención son mujeres, lo que constituye también un récord desde la creación del CEI. Espero que el trabajo constante del Consejo Científico del CEI y de su grupo de trabajo sobre equilibrio de género haya contribuido a esta evolución positiva. Confío en que suponga un buen presagio para el futuro de la ciencia en Europa: debemos aprovechar todo el talento disponible.»
Esta vez el 40 % de los beneficiarios son mujeres y el índice de éxito femenino fue superior al de los hombres a la hora de obtener financiación (14,5 % y 12,7 %, respectivamente). Las subvenciones del CEI se conceden a investigadores de cualquier nacionalidad, con sede en Europa, o que deseen mudarse a Europa. Los becarios serán acogidos en 23 países de toda Europa, siendo el Reino Unido (79), Alemania (67) y Francia (53) los principales destinos, lejos aún de los 22 becados en España, en su mayoría en Madrid y Barcelona. La edición de este año cuenta con becarios de 48 diferentes nacionalidades, el número más elevado desde la creación del CEI. Cuarenta y cinco becarios son nacionales de países no europeos, muchos de los cuales ya establecidos en Europa. En esta cifra figuran 17 americanos. En esta ocasión 18 investigadores se desplazan a Europa para llevar a cabo sus proyectos financiados por el CEI. Entre los investigadores hay 13 europeos que retornan. El CEI recibió 3 085 propuestas en la presente convocatoria, al 13 % de las cuales se ha otorgado financiación.
Estas subvenciones de inicio ayudarán a los investigadores seleccionados a crear sus propios equipos, con una contratación potencial como miembros de los equipos del CEI de 1 500 estudiantes de doctorado y postdoctorado. La financiación, por lo tanto, contribuye a apoyar a una nueva generación de investigadores en Europa.


¿Cómo afecta la política monetaria del BCE?


La banca europea y gobiernos de países como Alemania urgen ya al Banco Central Europeo (BCE) a cambiar el rumbo de su actual política monetaria pues consideran que el mantenimiento de los tipos de interés tan bajos y la liquidez ilimitada están generando ya efectos indeseados. Pero, ¿en qué, a quién y cómo afectan las decisiones de Mario Draghi?

Una consecuencia de los bajos tipos de interés es una reducción del Euribor, al que están referenciadas más del 90% de las hipotecas en España. Esto ha permitido a los hogares ahorrar entre 2008 y 2016 un total de 15.674 millones en la cuota. La tendencia sigue siendo la de un mayor abaratamiento, pues el Euribor cerró agosto en un nuevo mínimo histórico del -0,156%, pero un cambio de la política monetaria en dirección opuesta iniciará una senda alcista del Euribor y por tanto del precio del crédito. El dinero barato y la penalización a los bancos por depositar su dinero en el BCE, por su parte, ha reducido la rentabilidad de los depósitos. El recorte en su remuneración -a una media de 0,09% para los de 12 meses- ha privado a las familias de 22.520 millones en intereses desde 2008.

Las pymes se financian a menor coste: Las inyecciones de liquidez del BCE, junto con la unión bancaria y la caída de la prima de riesgo lograron acabar con una fragmentación soberana por lo que las empresas españolas se financiaban mucho más caro que una alemana. Hoy las pymes españolas pagan por un crédito un interés semejante al de Alemania.

El precio del dinero, clave para las arcas públicas: La reducción de los tipos y la liquidez inyectada al sistema ha permitido al Estado reducir lo que paga por la deuda que emite. España, con una deuda pública del cien por cien del PIB, gasta al año unos 32.000 millones en intereses. Y eso que ha reducido el tipo medio de emisión al 2,6% desde el 5,4% de 2002. Si los tipos del BCE suben, el servicio de la deuda se encarecerá de nuevo.

La rentabilidad de la banca, pendiente del BCE: l precio oficial del dinero es clave para el negocio bancario pues de él depende su principal fuente de ingresos: los intereses del crédito. Los bajos tipos han reducido drásticamente la facturación de los bancos, lo que junto a la elevada morosidad han hundido sus niveles de rentabilidad. Las entidades, que para compensarlo están recortando costes, ansían una subida de los tipos por parte del BCE para mejorar inmediatamente su nivel de ingresos y sus beneficios. Más aún en un caso como el de la banca española, en la que tienen mucho peso las hipotecas a interés variable.

Bueno para las exportaciones, malo para viajar: Las expectativas de que el BCE inicie la senda de la normalización de su política ha llevado al euro a sus cotas más altas desde 2015. Ahora bien, se mantiene en niveles históricamente bajos desde que se empezó a desplegar la actual política monetaria. Una moneda única débil favorece las exportaciones españolas fuera de la Eurozona. Eso sí, cuando un español viaja fuera del área común se ve perjudicado por una menor capacidad de compra. Por tanto, un giro en la política del BCE restaría competitividad al sector exterior desde el punto de vista del precio, aunque mejoraría el poder adquisitivo de los turistas españoles.

lunes, 4 de septiembre de 2017

Europa no hace los deberes ante el drama de los refugiados


Ahora hace dos años que una fotografía estremeció a buena parte del mundo. La del pequeño Aylan, un niño kurdo de tres años que murió ahogado en una playa turca cuando su familia, solicitante de asilo, trataba de llegar a la costa griega. No era el suyo un caso aislado. Pero Aylan se convirtió en un símbolo del drama que estaban sufriendo millones de refugiados, sobre todo de Oriente Próximo, que huían de las guerras, del hambre y de un enemigo tan peligroso como el Estado Islámico. Cabe recordar que aquel verano de 2015 se vivió uno de los momentos más duros del éxodo de migrantes sirios y de otros países vecinos que intentaban llegar a Europa, lo que provocó una de las mayores crisis en la UE.

Lejos de estar resuelta, la situación de cientos de miles de refugiados atrapados a caballo entre Europa y Turquía sigue siendo desesperada. Pero como el acuerdo suscrito en 2016 entre la UE y Ankara sí ha logrado que se reduzca considerablemente el número de migrantes que logran poner sus pies en territorio europeo, los gobiernos de los Veintiocho miran hacia otro lado y este dramático problema ya no figura entre las prioridades de la agenda política comunitaria. Hasta el punto de que prácticamente ninguno de los países de Europa va a cumplir los compromisos de acogida y de reasentamiento de refugiados que vencen este próximo 26 de septiembre.

Fruto del mencionado acuerdo entre Bruselas y Ankara, los Veintiocho aceptaron reubicar a 106.000 migrantes que permanecen en campos humanitarios de Italia o Grecia, los dos países más afectados por el flujo de refugiados y absolutamente sobrepasados por esta crisis humanitaria. Pues bien, de esa cifra -a todas luces baja- sólo se ha reasentado a poco más de 20.000, lo que constituye no sólo un incumplimiento de compromisos adquiridos, sino también una auténtica vergüenza en el terreno político. Apenas un puñado de países han cumplido sus deberes. La mayoría está muy lejos de hacerlo, con casos tan sangrantes como España, que de los 17.337 refugiados que le asignó Bruselas en el reparto de cuotas fijado, sólo ha acogido al 10%. El secretario de Estado para la Unión Europea, Jorge Toledo, admitió ayer que resulta "imposible" que nuestro país satisfaga la demanda de las autoridades comunitarias, excusándose en la complejidad del proceso, que pasa antes que nada por la identificación de los beneficiarios del reasentamiento. Pero a nadie se le escapa que lo que ha faltado en todos estos meses ha sido auténtica voluntad política.

La canciller alemana, Angela Merkel, lamentaba en un acto de precampaña que Europa "no haya hecho aún sus deberes" en cuanto a política de inmigración. Los Veintiocho se han limitado a poner parches a un asunto de tanta complejidad a través del vergonzante acuerdo con Turquía o de pactos con las autoridades de Libia para taponar el flujo de refugiados hacia Grecia. Y, más recientemente, Europa ha empezado a presionar a países de tránsito de migrantes subsaharianos, como Níger y Chad, para que se impliquen en el freno de su avance hacia Europa. Pero, como denuncian las ONG, las medidas policiales y militares contra las mafias de momento ya han provocado que los traficantes, acosados en las rutas, abandonen a su suerte a miles de personas en mitad de la nadas.

Así las cosas, resulta intolerable la falta de humanidad con la que los Estados de este primer mundo que es Europa abordan el problema. Pero no cabe esperar más en tanto en cuanto la UE ni siquiera tenga capacidad para sancionar y ejercer presión sobre aquellos países que incumplen sus propios compromisos.

En vigor los nuevos test de medición de consumo y CO2


El 1 de septiembre entraron en vigor en Europa dos nuevas normas destinadas a endurecer la medición de consumo y emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los automóviles. A partir de ahora, los nuevos coches están obligados a pasar un examen más exigente de emisiones que implica que los controles reflejen los niveles de gases contaminantes en conducción real y no en laboratorio. Esta medida, que afecta a todos los países de la UE, ha sido desarrollada e implementada a raíz del escándalo de los motores trucados en Volkswagen.

Fuentes del sector automovilístico señalaron que estas nuevas normativas podrían generar un descenso del mercado de hasta el 7% en caso de que no se adecuen los tramos del impuesto de matriculación a estas nuevas mediciones. Cabe recordar que el presente marco fiscal español contempla la exención del pago del impuesto de matriculación a los vehículos que emitan 120 gramos de CO2 por kilómetro o menos, mientras que los que tengan entre 121 y 160 gramos afrontan el pago de un 4,75%; los de entre 161 y 200 gramos, el 9,75%, y los de más de 200 gramos, el 14,75%. Con unas nuevas mediciones más reales muchos modelos podrían saltar de tramo y, por consiguiente, afrontar el pago de un mayor impuesto.

El sector estima que el aumento medio de las emisiones de un mismo vehículo será del 6% al ser sometido a los nuevos test, y prevé que este incremento del nivel de emisiones afecte a un 25% del total del mercado, lo que podría suponer un incremento de 250 millones de euros del impuesto de matriculación por parte de los clientes.

Un millón de trabajadores de la UE podrían salir de Reino Unido tras la firma del Brexit


Con la firma del Brexit se avecina una oleada de salidas de trabajadores del Reino Unido. Un 35% de los ciudadanos europeos que viven en el país reconocen que se plantean marcharse, mientras que un 8% ya ha tomado la decisión de hacerlo. Si se extrapola el dato a la totalidad de los trabajadores de la UE en el Reino Unido, este porcentaje equivale a casi un millón de personas, es decir, el 3,1% de la población activa del país.

La información se extrae de un estudio encargado por la consultora KPMG en Reino Unido, en el que también se apunta que las empresas desempeñan una función crucial a la hora de determinar el alcance de una posible fuga de talento derivada del Brexit. Así, se concluye que el 51% de los europeos que trabajan en este país están a la espera de una manifestación expresa de sus compañías para pedirles que se queden.

Según el estudio, los trabajadores de la UE más proclives a abandonar el Reino Unido son los denominados como «Indey»: independientes, solicitados, formados y jóvenes. Como ejemplo de esta circunstancia, el 50% de los encuestados con doctorado y el 39% de los que cuentan con una titulación de posgrado afirman que se están planteando dejar el país. También lo estaría meditando la mitad de los que ganan entre 50.000 y 100.000 libras anuales.

El estudio subraya la importancia que va a tener la actuación de las empresas para que el Reino Unido evite una fuga de talento derivada del Brexit. Pese a que casi la mitad de los europeos que trabajan en el país planean quedarse, el resto aún no ha tomado una decisión al respecto. En este contexto, prevemos un aumento de la competencia por el talento entre las empresas en los próximos años, y un gran número de ellas buscarán complementar sus plantillas mediante inteligencia artificial, robótica y automatización.
El estudio también asegura que se ha producido una disminución de matriculaciones en las universidades británicas. Esto «podría provocar un problema en la cantera de especialistas de alto nivel, así como una carencia de químicos, lingüistas y otros profesionales. En el estrato superior de la cantera de graduados, aquellos más solicitados y que, por tanto, percibirían un mayor salario, constituirían el mayor problema para las empresas», señala KPMG.

Del estudio también se desprende que el 50% de los encuestados en el Reino Unido manifiestan que se sienten menos acogidos y valorados desde el referéndum. El 53% de los encuestados en el Reino Unido declaran que la oferta «amplia y generosa» expresada por el país respecto de los derechos de los ciudadanos no ha influido en su criterio. Y por último, para el 49% de los ciudadanos europeos no residentes en el Reino Unido, afirma el país ha perdido atractivo como lugar donde vivir y trabajar. Para el estudio se ha entrevistado a 2.000 ciudadanos europeos que trabajan en el Reino Unido, así como a 1.000 personas procedentes de diez países.