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lunes, 25 de agosto de 2014

Garantía Juvenil: más fondos contra el desempleo juvenil y ampliación hasta los 30 años

Una resolución aprobada el pasado jueves por el Parlamento Europeo pide a los países de la UE que destinen más fondos a los programas de Garantía Juvenil y los extiendan a jóvenes de hasta 30 años. Los eurodiputados también exigen medidas contra el abandono escolar prematuro y solicitan a los Estados miembros medidas para integrar a los "Nini" en el mercado laboral.

La resolución indica que existen 6,8 millones de "Nini" (jóvenes que no trabajan, estudian ni reciben formación) con edades comprendidas entre los 25 y los 30 años por lo que es necesario que se amplíe la franja de edad de aplicación del programa a jóvenes hasta los 30 años y no limitarlo a los 25 años.
Además, los diputados piden a la CE y a los Estados miembros que concedan carácter prioritario a la Garantía Juvenil y que incrementen su dotación presupuestaria hasta 2020 ya que los 6.000 millones de euros asignados inicialmente son insuficientes. De otro lado, reclaman un marco jurídico europeo que introduzca normas mínimas para la aplicación de las garantías juveniles, unos salarios dignos para los jóvenes y el acceso a los servicios de empleo.
La Garantía Juvenil es una iniciativa de lucha contra el desempleo juvenil para garantizar que todos los jóvenes menores de 25 años obtengan un empleo, prácticas o formación en un plazo de cuatro meses tras el fin de su formación o el inicio de su periodo de desempleo.
Para mejorar las perspectivas laborales de los jóvenes, El PE destaca la necesidad de que los jóvenes adquieran competencias transversales, como son las tecnologías de la información y las competencias de liderazgo, pensamiento crítico y lingüísticas. Solicita también que los Estados miembros prioricen en sus programas educativos la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
El objetivo último es proteger a los jóvenes trabajadores contra la discriminación y la explotación. Por ello, la Eurocámara sostiene que los Estados miembros deben asegurarse de que los jóvenes acceden a empleos de calidad respetándose sus derechos, incluido el derecho a un trabajo que ofrezca garantías de subsistencia y una protección social adecuada. 

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