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martes, 14 de noviembre de 2017

España es el segundo país de la OCDE con mayor esperanza de vida


España es el segundo país de la OCDE con mayor esperanza de vida. De media, los españoles viven 83 años. Solo son superados 'en este grupo de los 35 países más desarrollados del mundo' por Japón, cuyos habitantes alcanzan un promedio de vida de 83,9 años. Este salto se ha producido en las últimas décadas: en 1970, la población española no superaba los 70 años de media. La larga esperanza de vida, junto a la bajísima natalidad '1,3 hijos por mujer', convierten también a España en uno de los países de la OCDE con peor proyección en cuanto al envejecimiento de la población: en 2050 casi un 40% de los españoles superará los 65 años de edad. Con una media de 83 años, España es el segundo país con mayor esperanza de vida al nacer entre los estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según su último informe, publicado ayer. Este valor es casi tres años superior a la media de los 35 países miembros de la Organización, que se sitúa en 80,6 años. Solo Japón, donde el indicador alcanza los 83,9 años, supera la marca española. En gasto sanitario, España está por debajo de la marca del conjunto de países.

Desde 1970 hasta 2015, la esperanza de vida en España ha mejorado en más de diez años, desde los 70 hasta sobrepasar los 80. Por sexos, las mujeres viven hasta cinco años más que los hombres, y superan los 85 años de media, al igual que en Japón, Francia, Corea del Sur y Suiza.

España también ocupa los primeros puestos en esperanza de vida a partir de los 65 años. El informe refleja que, tras alcanzar esta edad, los españoles viven de media 21 años más, lo que les sitúa en la tercera posición de la tabla por detrás de
Japón y Francia. Sin embargo, tal y como advierte el estudio, este indicador no significa que estos años se vivan en condiciones de salud óptimas. De hecho, cuando se tiene en cuenta esta variable, la esperanza de vida a partir de los 65 cae hasta los 9,2 años, por debajo de la media de la OCDE (9,4años).

Las altas tasas de esperanza de vida en combinación con las bajas tasas de fertilidad '1,3 hijos por mujer, una de las diez más bajas del mundo, según datos del Banco Mundial' convierte a España en uno de los países con peor proyección en cuanto a envejecimiento de la población. En 2050, según los cálculos que refleja el documento, casi un 40% de la población española tendrá más de 65 años. Una proporción solo superada, de nuevo, por Japón.

El cáncer y las enfermedades del sistema circulatorio son las principales causas de mortalidad en España, con 192 y 185 muertes por cada 100.000 habitantes, respectivamente. Estas cifras lo convierten en uno de los 15 países con menos fallecimientos por este tipo de dolencias. Pese a la Ley Antitabaco de 2006 'que prohíbe fumar, entre otros sitios, en dependencias públicas y lugares de trabajo' España es también uno de los diez países con mayor porcentaje de fumadores diarios, más de un 20% de la población. En el entorno europeo, solo Letonia, Hungría y Grecia superan esta proporción.

En cuanto a otros hábitos de vida analizados por la OCDE, más positivos son los datos sobre el consumo de alcohol. Los españoles superan la media de litros de alcohol por persona consumidos en un año (nueve litros para el conjunto de países), pero esta cantidad se ha reducido en los últimos años. Entre 2000 y 2015, la ingesta anual disminuyó en casi dos litros, de alrededor de 11 a 9,3, según los datos sobre hábitos de consumo recogidos en el documento. De hecho, el porcentaje de población que abusa del alcohol de manera regular no llega al 10%, lo que le convierte en el segundo país con menor consumo excesivo de bebidas etílicas solo por detrás de Hungría.

En relación a otro de los principales factores de riesgo para la salud, la obesidad, España 'con un 17%' está muy por debajo de países como Estados Unidos y México, a la cabeza de la clasificación con un 38% y un 33% de la población en esta situación. No obstante, los españoles están a la cola en la práctica de ejercicio. Apenas el 47% de los mayores de 15 años realizan una actividad física moderada a diario, el peor porcentaje de toda Europa.

El informe analiza de manera pormenorizada otros aspectos relacionados con la salud y la atención sanitaria en los 35 países de la Organización.

Entre ellos, destaca el personal sanitario per cápita. En España, hay 3,9 médicos por cada 1.000 habitantes, cinco décimas por encima del valor común (3,4). Sin embargo, la sanidad española suspende en número de enfermeros: hay 5,3 por cada 1.000 habitantes, frente a los 9 de media del organismo. La falta de estos profesionales hace que el ratio de enfermeros por doctor sea el octavo más bajo de todos los estados.

Las cifras anteriores contrastan con las del sector farmacéutico. Desde el año 2000, el número de trabajadores en España con esta formación ha pasado de alrededor de 70 farmacéuticos por cada 100.000 personas a 119. Tan solo Japón y Bélgica superan esta proporción.

En lo que respecta al consumo de medicamentos, España no solo no escapa a la tendencia del resto de países, sino que la supera. De media, la dosis diaria de antidepresivos por cada 1.000 habitantes en 29 países se ha duplicado en 15 años. En el caso español, esta cifra ha pasado de casi 30 a 73.

Sobre el acceso a la sanidad, el 99,8% de los españoles están cubiertos por la sanidad pública, un porcentaje dos puntos por encima de la media de la OCDE (97,9).

viernes, 10 de noviembre de 2017

La UE no consigue renovar la licencia del herbicida glifosato


La UE ha fracasado en el intento de cerrar un acuerdo para renovar por cinco años la licencia del herbicida glifosato, una propuesta que no ha logrado el respaldo necesario para salir adelante. La reunión del comité permanente sobre Plantas, Animales, Alimentos y Piensos, formado por expertos nacionales y presidido por la CE, no ha tenido mayoría cualificada para secundar la medida de manera que se obliga a retrasar de nuevo la decisión, a poco más de un mes de que expire su autorización, el próximo 15 de diciembre.

El glifosato se utiliza en Roundup, un herbicida de la multinacional Monsanto de amplio espectro que se emplea para la eliminación de hierbas, y que podría representar un riesgo para el bienestar de las personas por su probable impacto cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud).  Una conclusión compartida por  la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), pero de la que discrepan la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que descartan esa relación causa-efecto.

Para que la prolongación de la licencia prospere es necesario el apoyo del 55 % de los países, que representen el 65 % de la población. Sin embargo, solo han votado a favor de la renovación por 5 años 14 países: España, Dinamarca, la República Checa, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Hungría, Holanda, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido.

En contra se han pronunciado Bélgica, Grecia, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Malta y Austria, mientras que Alemania, Bulgaria, Polonia, Portugal y Rumanía se han abstenido.

miércoles, 8 de noviembre de 2017

Londres mejora su oferta sobre derechos de los ciudadanos



El Gobierno británico ha enviado a Bruselas la enésima oferta mejorada sobre los derechos de los ciudadanos directamente afectados por el Brexit (los 3,2 millones de europeos en Reino Unido y los 1,3 millones de británicos en suelo comunitario). Londres refuerza las garantías de que todo aquel ciudadano europeo que solicite quedarse tras el Brexit verá aprobada su demanda, con derecho a presentar recurso si es rechazada, según informó ayer el Ejecutivo británico en un comunicado. 'Hemos dejado claro que salvaguardar los derechos de los ciudadanos de la UE es nuestra gran prioridad en las negociaciones', señaló el ministro británico para el Brexit, David Davis. Londres promete que la solicitud no será más cara que un pasaporte británico.

Pese a la enorme voluntad mostrada por ambas partes, el hecho de que ni siquiera este aspecto de la negociación 'el más sencillo de pactar' esté finiquitado tras casi cinco meses de contactos revela la complejidad del proceso. Tanto Londres como Bruselas tienen interés mutuo en que este colectivo de ciudadanos permanezca donde está ahora, pero son incapaces de encontrar un encaje que garantice su estatus. Más allá de otros flecos pendientes, el principal problema sigue siendo el papel del Tribunal de Justicia de la UE. El negociador europeo, Michel Barnier, insiste en que este órgano garantice para siempre los derechos de los ciudadanos afectados por el Brexit, mientras Davis se resiste a aceptar la autoridad de esta instancia judicial una vez Reino Unido quede fuera de la UE.

Ese ajuste de derechos de los ciudadanos será uno de los asuntos de la sexta ronda negociadora del Brexit, que comienza mañana en Bruselas, con solo dos días de duración. Se trata de la más breve de las mantenidas hasta ahora. Pese a todos los obstáculos, el capítulo de ciudadanía es el único que registra avances. Los otros dos apartados que conforman la fase del divorcio van mucho más retrasados. El primero es la frontera entre Irlanda del Norte, territorio británico, y la vecina República de Irlanda. Los negociadores buscan 'soluciones imaginativas' para evitar barreras físicas que retrotraigan a épocas pasadas, pero Bruselas admite la dificultad de alcanzar esa meta.

El segundo capítulo, aún menos desarrollado, es el ajuste de cuentas que se le exige a Reino Unido antes de abandonar la UE. Bruselas ha advertido reiteradamente de que la falta de propuestas en este terreno está empantanando la negociación. Pese a todo, Londres se resiste a asumir unos compromisos financieros muy polémicos para su opinión pública, que asumió que el Brexit solo les reportaría ventajas económicas.

martes, 7 de noviembre de 2017

La Cumbre del Clima de Bonn reclama acciones urgentes


La Cumbre del Clima arranca en Bonn marcada por las catástrofes naturales y con la certeza de que impedir el aumento de los gases de efecto invernadero no basta

La Cumbre del Clima, que anualmente se celebra bajo el paraguas de la ONU, arrancó ayer en Bonn (Alemania). Durante dos semanas, hasta el 17 de noviembre, los representantes de casi 200 países negociaran la letra pequeña para desarrollar el Acuerdo de París, que se firmó en 2015 en la ciudad francesa y que se empezará a aplicar a partir de 2020.

Los eventos climáticos extremos 'esos huracanes, inundaciones y olas de calor que los estudios científicos relacionan en parte con el cambio climático' estuvieron muy presentes en la jornada inaugural. 'Con el incremento del número de eventos climáticos extremos, ahora tenemos una increíble sensación de urgencia para hacer frente al cambio climático', resaltó la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Patricia Espinosa. El comisario europeo de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, también se refirió ayer a través de un comunicado a esa 'urgencia' por actuar ante unos 'eventos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes e intensos'.

El Acuerdo de París, básicamente, busca que todos los firmantes recorten sus emisiones de gases de efecto invernadero para lograr que al final de siglo el incremento medio de la temperatura se quede por debajo de los dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Y a ser posible dejarlo en 1,5.

Pero la Organización Meteorológica Mundial alertó ayer del incremento sostenido de las temperaturas. Cuando finalice 2017 estará, según esta organización, entre los tres años más calurosos jamás observados desde que existen registros fiables. Los otros dos son 2015 y 2016. Y la media del quinquenio comprendido entre 2013 y 2017 es ya aproximadamente un grado más cálida que la de los niveles preindustriales.

Las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales dan señales de haber tocado techo. En 2016, por tercer año consecutivo, el CO2 'el principal de estos gases' que la economía mundial expulsó permaneció estancado. Un reciente informe del Centro Común de Investigación (JRC, sus siglas en inglés) de la Comisión Europea cifraba en 35,8 gigatoneladas las emisiones de CO2 generadas por el hombre en 2016. Supone respecto a 2015 un 0,3% más, que JRC achaca a que el año pasado fue bisiesto, con lo que contó con un día extra.

Ese estancamiento de las emisiones de CO2 se puede entender como una buena noticia, ya que nunca antes en las últimas décadas se había producido en un periodo que no fuera de crisis. Pero ya no basta con estancar, sino que se tienen que producir recortes importantes. La misma Organización Meteorológica Mundial alertaba hace unos días de que nunca habían registrado un nivel tan alto de CO2 acumulado en la atmósfera 'que retiene el calor del planeta' como el de 2016. Y, previsiblemente, el de este año será un dato aún mayor.

Todos países incluidos en el Acuerdo de París '168 Estados ya lo han ratificado' han presentado planes de recortes de emisiones. Pero el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente volvió a advertir la semana pasada de que no son suficientes y que llevarán a un aumento a final de siglo de tres grados.

El Acuerdo de París contiene mecanismos de revisión al alza de las reducciones de las emisiones cada cinco años. Pero, antes de llegar a ese punto 'la primera revisión está prevista en 2023' los negociadores tienen que ponerse de acuerdo sobre los reglamentos que ayuden a desarrollar el Acuerdo de París, que tendrán que estar listos en 2018.

Sobre esos reglamentos se discutirá en Bonn. Y se hará con la duda sobre el papel que va a jugar EE UU. Su presidente, Donald Trump, ha anunciado la retirada del acuerdo, una decisión que ha dejado a su país aislado. Pero la salida no se hará efectiva hasta 2020 'como establece el propio pacto' y eso implica que EE UU participe en la cumbre. El temor es que la Administración de Trump pueda entorpecer unas negociaciones que desde hace dos décadas avanzan a paso de tortuga.

lunes, 6 de noviembre de 2017

Los países de la UE, divididos por el glifosato


La Unión Europea tiene la palabra sobre la continuidad del glifosato, pero no hay unanimidad y el plazo de decisión se acaba.

¿Cuándo finaliza la licencia en la UE? La fecha del vencimiento es el 15 de diciembre, si no se renovara una prórroga, el glifosato tendría que ser retirado del mercado en toda la Unión Europea.¿Qué votó el Parlamento europeo?
Los eurodiputados aprobaron a finales de octubre una resolución en la que se pedía la eliminación de este herbicida en un plazo de cinco años. Pero la decisión no es vinculante. La Comisión Europea será la encargada de dar vía libre al glifosato hasta el 2022 o cerrarle sus puertas, decisión que debatirá este mismo jueves.

¿Por qué aplazó la decisión la Comisión? Porque en la reunión celebrada para afrontar este asunto quedó patente que no hay acuerdo entre los países. Se posicionaron a favor del veto España, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, los Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia y el Reino Unido. Apoyaron la prohibición Austria, Bélgica, Croacia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Eslovenia y Suecia. Y se abstuvieron Portugal y Alemania. En el 2016, la Comisión Europea había propuesto ampliar la autorización del glifosato durante 15 años más, pero finalmente desistió debido al rechazo que generó la iniciativa entre la opinión pública. Tendrá que haber una decisión antes de que acabe este año.

¿Algún país plantea medidas unilaterales? El Gobierno francés anunció el pasado septiembre que prohibirá el glifosato independientemente de la resolución de la Unión Europea. El portavoz del Ejecutivo galo, Christophe Castaner, aseguró que antes de que finalice el mandato del presidente Emmanuel Macron, en el 2022, ese herbicida estará prohibido en todos sus usos. Agricultores franceses criticaron la medida y anunciaron que se opondrán.

¿Qué dicen las autoridades sanitarias? La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, un organismo que depende de la ONU, clasificó el glifosato como un «carcinógeno probable» en el 2015. California lo incluyó este mismo año en su lista de productos cancerígenos. Estos son los argumentos que usan organizaciones ecologistas como Greenpeace para impulsar campañas contra su utilización. Pero también hay investigadores científicos que cuestionan estas conclusiones. Otro panel de expertos de la OMS y la FAO publicó el informe Joint Meeting Pesticide Residues, un estudio que indica que es poco probable que este herbicida pueda provocar cáncer.

Programa de trabajo de la Comisión Europea para 2018

El pasado 24 de octubre de 2017, la Comisión Europea presentó en Estrasburgo el Programa de trabajo para el año 2018, en el que se establece una Agenda  por una Europa más unida, más fuerte y más democrática.
Cada año, la Comisión Europea aprueba un Programa de trabajo en el que se establece la lista de actuaciones que emprenderá el año siguiente, con el objetivo de informar al público y a los colegisladores sobre los compromisos políticos en relación con la presentación de nuevas iniciativas, la retirada de propuestas pendientes y la revisión de la legislación vigente de la Unión Europea. La preparación por parte de la Comisión del Programa de trabajo de 2018 se ha visto enriquecida por las consultas con el Parlamento Europeo y el Consejo en el contexto del nuevo Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación y el Acuerdo Marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión, así como sobre la base de la Declaración de Intenciones remitida por el Presidente Juncker y el Vicepresidente Primero Timmermans, el pasado 13 de septiembre, tras el Discurso del Presidente sobre el Estado de la Unión Europea.
El enfoque del Programa de trabajo para 2018 es doble. De un lado, establece un número limitado de acciones legislativas específicas para completar el trabajo de la Comisión en una serie de áreas políticas prioritarias en los próximos meses: nuevo impulso para empleos, crecimiento e inversión; mercado único digital conectado; una Unión de la Energía resiliente con una política de cambio climático con visión de futuro; un Mercado Interior más profundo y más justo con una base industrial fortalecida; una política comercial equilibrada y progresiva para aprovechar la globalización; un área de Justicia y Derechos Fundamentales basada en la confianza mutua; una nueva política de migración; la UE como actor global más fuerte; y una Unión de cambio democrático. La Comisión presentará todas las propuestas legislativas a más tardar en mayo 2018, lo que permitirá que Parlamento Europeo y el Consejo tengan tiempo y espacio para completar el trabajo legislativo antes de las elecciones europeas, el próximo junio de 2019.
De otro lado, el Programa de trabajo también presenta un total de diez iniciativas con mayor perspectiva de futuro, dado que “al completar nuestra agenda de hoy, debemos preparar la Unión del mañana”. Esto es, a la vez que el Programa hace referencia a las acciones que se van a llevar a cabo durante los próximos catorce meses, también propone una serie de iniciativas que miran hacia el 2025 y más allá. Y ello, teniendo en cuenta que una nueva Europa de 27 Estados miembros surgirá el 30 de marzo de 2019, con la salida de Reino Unido y que, sólo unas semanas más tarde, en junio de 2019, los europeos acudirán a las urnas. Así, prevé acciones específicas respecto a tres planos concretos: una Unión más unida, más fuerte y más democrática.

Durante el último año, la Comisión ha reforzado significativamente sus esfuerzos para involucrarse activamente con la sociedad civil, en aras a mejorar tanto la legitimidad como la calidad de su trabajo y con el propósito de actuar sólo donde se necesita y se agrega valor. Así pues, propone finalmente alcanzar “Mejores resultados sobre el terreno: Una mejor regulación, implementación y ejecución”. Vid. Hoja de Ruta para una Unión más unida, más fuerte y más democrática.
 

jueves, 2 de noviembre de 2017

Piden medidas a favor de los derechos humanos en fronteras de Ceuta y Melilla


La organización no gubernamental Andalucía Acoge ha reclamado medidas en favor de los derechos humanos en las fronteras de Ceuta y Melilla justo cuando hoy se cumplen 29 años desde la aparición del primer cadáver identificado como una persona inmigrante.

La organización ha recordado en un comunicado que después de casi tres décadas, la tragedia continúa y, según los últimos datos de Salvamento Marítimo, las víctimas mortales de la Frontera Sur de los nueve primeros meses de este año ya triplican a las de todo el pasado año. 
Desde Andalucía Acoge alertan "de forma continua del aumento de muertes en la frontera sur y denuncia que es urgente dejar de lado las excusas y trabajar, sin más demora, sobre vías legales y seguras para que las personas puedan migrar sin peligro".

La última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a España por las devoluciones en caliente "deja claro que España no está actuando acorde a la legislación internacional en su Frontera Sur ya que la ilegalidad de esta práctica ha sido denunciada en repetidas ocasiones por tratarse de una gravísima vulneración de los derechos fundamentales". Andalucía Acoge asegura que al mismo tiempo, las miles de muertes en el Mediterráneo están relacionadas con la gestión de los naufragios en aguas internacionales que se hace por Italia y España, en colaboración con la agencia FRONTEX de la UE.

En un reciente informe, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alerta de que, en lo que va de año, han muerto 147 personas intentando llegar a España a través de la ruta del Mediterráneo occidental. Estas cifras son estimaciones mínimas puesto que, tal y como se evidencia en este informe, "es difícil obtener y verificar la información sobre muertes de personas migrantes en esta ruta y por cada persona que se ha comprobado su fallecimiento, hay otras dos de las que nunca se supo nada".

Así pues, "es urgente reflexionar sobre cómo se están gestionando las políticas migratorias y cómo las políticas de cierre de fronteras solo provocan que miles de personas se vean obligadas a recurrir a vías más peligrosas y mortales". Andalucía Acoge añade que la actual gestión de fronteras "condena a las personas a la clandestinidad, las empuja a jugarse la vida en su proceso migratorio y las despoja de sus derechos fundamentales". La organización exige que la frontera sur "deje de ser un lugar de vulneración de derechos y se constituya como un espacio donde se favorezcan vías seguras, legales y respetuosas con los derechos humanos para el imprescindible y necesario tránsito de personas migrantes a Europa".

Andalucía Acoge dice que seguirá denunciando las "vulneraciones de derechos humanos que se producen, con demasiada frecuencia, en las zonas fronterizas de Andalucía, Ceuta y Melilla".